Buenos Aires, 25 de Junio de 2025 (La Plata News).- El diputado de la Democracia Cristiana, Juan Fernando Brügge, presentó un proyecto de ley que fija límites estrictos a la prórroga presupuestaria y responsabiliza civil y penalmente al Poder Ejecutivo por gastos fuera del marco legal
En medio de la tensión creciente entre los gobernadores y el Gobierno nacional por la retención de fondos coparticipables y el uso discrecional de los recursos públicos, el diputado nacional por Córdoba Juan Fernando Brügge presentó una iniciativa legislativa que busca poner un freno a lo que califica como “desviaciones peligrosas del Poder Ejecutivo Nacional en materia presupuestaria”.
El proyecto propone la modificación del artículo 27 de la Ley de Administración Financiera para limitar de manera estricta la vigencia de los presupuestos reconducidos. Según la propuesta, si al inicio del ejercicio financiero no se encuentra aprobado el presupuesto general, solo podrá regir —de manera excepcional— el del año anterior, por un único período y sin posibilidad de prórrogas. Vencido ese plazo, el Estado nacional deberá restringirse exclusivamente a gastos en seguridad, defensa, salud y educación.
“El presupuesto es uno de los pilares de la República. Su manipulación discrecional pone en riesgo la credibilidad institucional, el equilibrio federal y la vigencia misma del Estado de Derecho”, enfatizó Brügge en los fundamentos de su propuesta, a la vez que advirtió que la actual interpretación de la ley habilita prórrogas indefinidas del presupuesto sin debate ni aprobación legislativa, lo que calificó como inconstitucional.
Un límite claro al Ejecutivo
En un mensaje directo al oficialismo, el legislador cordobés apuntó contra la reciente decisión del Gobierno de modificar por decreto el presupuesto 2024, sin discusión parlamentaria. Para Brügge, esto configura un atropello a las competencias del Congreso Nacional y debilita la transparencia democrática.
“El Ejecutivo no puede seguir gobernando con presupuestos vencidos indefinidamente, ni reasignar partidas a su antojo. Hay una Constitución, hay principios básicos del federalismo y hay responsabilidades institucionales que deben respetarse”, sostuvo.
La iniciativa va más allá de una modificación técnica. Establece que cualquier gasto dispuesto por fuera de los límites fijados será nulo de nulidad absoluta y que tanto el Presidente como los ministros y el jefe de Gabinete que suscriban los actos serán civil y penalmente responsables, debiendo el Estado reclamar el reintegro de los recursos comprometidos ilegalmente.
Contexto de conflicto con las provincias
La presentación del proyecto se da en un contexto de máxima tensión política. Los gobernadores reclaman que el Gobierno nacional retiene partidas que les corresponden por ley, mientras el Ejecutivo central se ampara en la prórroga del presupuesto 2023 para administrar discrecionalmente los recursos del Estado.
Brügge remarcó que la ausencia de un presupuesto actualizado afecta la planificación, la inversión pública y el desarrollo territorial, generando mayor desigualdad e incertidumbre social.
“El Congreso tiene la obligación de devolverle al país previsibilidad institucional. No se puede gobernar por decreto ni administrar los recursos públicos como si fueran propios. Estamos hablando de plata de los argentinos, de las provincias, de los municipios, de los hospitales, de las escuelas”, sentenció el diputado.
Comparación con modelos internacionales
El legislador incluyó en su iniciativa un análisis comparativo con otros países que enfrentan situaciones similares. En Estados Unidos, por ejemplo, si no se aprueba el presupuesto, se produce un shutdown o parálisis de la administración pública. En Alemania, México y España, las prórrogas presupuestarias están acotadas a pocos meses y bajo fuertes restricciones legales. En todos los casos, los Estados democráticos priorizan el debate legislativo y la legitimación parlamentaria del gasto público, se informó en un comunicado de prensa.
Responsabilidad y transparencia
Finalmente, Brügge recalcó que el objetivo de su proyecto es garantizar que cada peso del Estado tenga origen, destino y control legislativo. “El principio republicano exige que los funcionarios rindan cuentas. No podemos seguir naturalizando la ilegalidad ni la falta de control. Este proyecto es una herramienta para devolverle a la ciudadanía confianza en el sistema y en sus instituciones”.
De ser aprobado, el proyecto entraría en vigencia inmediatamente y aplicaría al ejercicio financiero en curso, sentando un precedente que podría cambiar radicalmente la forma en que se manejan los recursos del Estado en la Argentina.
Con esta presentación, Juan Fernando Brügge se posiciona como una de las voces más firmes en defensa del equilibrio entre poderes y la reconstrucción institucional del país en un año signado por el ajuste, la crisis y el debilitamiento del federalismo. (La Plata News)
