Trabajadores y empresarios del sector cárnico expresaron su alarma por el accionar de un grupo que se presenta como sindicato de la Carne en Moreno, provincia de Buenos Aires. La situación ya generó varias denuncias ante la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 de esa localidad, a cargo de la fiscal Carina Vanesa Saucedo, quien avanza con una investigación que, según fuentes judiciales, progresa “con pasos firmes y concretos”.
De acuerdo con los testimonios recogidos, los acusados habrían incurrido en extorsiones, amenazas, falsificación de documentos y cortes injustificados, dejando a trabajadores sin representación real, se informó en un comunicado enviado a esta redacción.
Las fuentes consultadas aclararon que el “Sindicato de la Carne de Moreno” no existe ni cuenta con reconocimiento oficial. En cambio, aseguran que sólo hay delegados reorganizadores avalados por la Federación, quienes habrían utilizado esa cobertura para desplegar maniobras de presión sobre frigoríficos y comercios del rubro.
“En lugar de defender los derechos laborales dentro de la ley, se dedicaban a apretar empresas telefónica y presencialmente, con prácticas patoteriles destinadas a extorsionar dinero”, señalaron los voceros.
Las denuncias detallan que el supuesto secretario general, Esteban Abel Otero, recibía depósitos bancarios en su cuenta personal y también organizaba entregas de sobres con efectivo en estaciones de servicio, bajo el pretexto de “aportes sindicales”.
En los casos en que los empresarios se negaban a pagar, los acusados habrían ingresado de manera intimidante a los locales, interrumpiendo la actividad comercial, hostigando a los trabajadores e impidiendo la atención al público.
De acuerdo con la investigación, Otero fue desplazado de la zona por decisión de un dirigente sindical de peso del sector, tras el avance de las pesquisas judiciales. Junto a su padre, Miguel Ángel Otero —titular del Sindicato de la Carne de Lanús— habría reaparecido en otras jurisdicciones, mientras la fiscalía solicitó al Banco Galicia un informe de movimientos financieros que ya muestra transferencias de distintas empresas involucradas.
Las fuentes anticiparon que la causa podría derivar en imputaciones a más dirigentes sindicales, presuntamente implicados en maniobras similares, incluyendo presiones a empresarios en oficinas de Torcuato y hasta la falsificación de identidad de autoridades del ex Ministerio de Trabajo.
