Dos abogadas platenses participaron de la consulta de Naciones Unidas para incorporar estándares sobre acceso a la justicia y patrocinio especializado de niñas, niños y adolescentes y ahora se espera la incorporación en la nueva Observación General N° 27 de la ONU
Las doctoras María Donato y Sara Cánepa, con destacada trayectoria en patrocinio jurídico especializado, impulsaron la incorporación expresa de la figura del Abogado del Niño en la futura Observación General Nº 27 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Las Observaciones Generales son documentos interpretativos mediante los cuales los Comités de la ONU aclaran y desarrollan el alcance de los derechos establecidos en los tratados internacionales.
Funcionan como una guía para que los Estados parte cumplan adecuadamente sus obligaciones y orientan, además, el trabajo de otros actores clave como organizaciones de la sociedad civil, operadores judiciales, autoridades administrativas y legisladores.
Ambas abogadas participaron de la consulta global convocada por la Oficina de las Naciones Unidas para elaborar la futura Observación General Nº 27 del Comité de los Derechos del Niño, destinada a fijar estándares internacionales sobre el derecho de NNyA al acceso a la justicia y a un recurso efectivo. “El aporte presentado traslada al plano internacional más de once años de experiencia acumulada en la Provincia de Buenos Aires, donde la figura del Abogado del Niño se encuentra institucionalizada desde la sanción de la Ley 14.568, a través de los Registros creados en los veinte Colegios de Abogados- Abogacía bonaerenses. Ese modelo, pionero en la región, ha permitido consolidar prácticas profesionales que garantizan escucha activa, participación real, autonomía progresiva y defensa técnica especializada” señaló María Donato a la Agencia de noticias Fueros.
En su presentación, las profesionales destacaron la importancia de que la Observación General Nº 27 incorpore explícitamente al Abogado del Niño como garantía mínima del debido proceso judicial y administrativo. Señalaron que la asistencia jurídica especializada debe ser provista por el Estado sin discriminación, sin condicionamientos de edad o madurez y en todos los procedimientos donde se encuentren comprometidos esos derechos. Uno de los puntos centrales es la creación de Registros de Abogadas y Abogados en la materia en cada país, con sistemas de sorteo para la designación. Este mecanismo, señaló Cánepa, “no es una formalidad burocrática sino una garantía institucional que asegura transparencia, objetividad y ajenidad respecto de las partes involucradas, además de fortalecer la independencia del patrocinio y la integridad del procedimiento.
El documento también describe las funciones esenciales del patrocinio especializado: asesorar, acompañar, representar, patrocinar y garantizar condiciones reales de participación de niñas, niños y adolescentes. Se subraya la importancia de prácticas libres de revictimización, el cumplimiento de estándares de escucha activa y la consolidación de una tutela judicial efectiva reforzada cuando están en juego sus derechos fundamentales. Otro de los aportes sugiere que la futura Observación General Nº 27 promueva una difusión accesible y multiformato de sus contenidos, materiales en lenguaje claro, versiones adaptadas a diferentes edades, recursos audiovisuales y digitales, para aumentar el conocimiento y el ejercicio ciudadano de los derechos.
“Una construcción desde la práctica y la formación”
“Desde La Plata venimos construyendo, desde la práctica y la formación, una mirada especializada que reconoce a niñas, niños y adolescentes como verdaderos sujetos de derechos”, señalaron María Donato y Sara Cánepa al presentar su aporte “Aspiramos a que esta Observación General fortalezca los sistemas de protección y eleve los estándares en toda la región”.
La participación platense se inscribe en un momento clave para América Latina, marcada por profundas desigualdades en el acceso a la justicia de niñas, niños y adolescentes.
La contribución de María Donato y Sara Cánepa, busca que la futura Observación General consolide criterios comunes, promueva políticas públicas de calidad y reconozca la defensa técnica especializada como pilar del acceso a derechos, replicando un modelo que la Provincia de Buenos Aires ha desarrollado con resultados positivos.
