La provincia de Buenos Aires dio un paso clave en el control de canales y terraplenes clandestinos que alteran el drenaje natural del agua y agravan el riesgo de inundaciones. El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, oficializó un nuevo procedimiento que incorpora tecnología satelital, fortalece la fiscalización municipal y endurece las sanciones contra las obras no autorizadas.
La medida fue formalizada mediante la Resolución N°46/2026 y apunta a prevenir intervenciones ilegales que afectan el sistema hidráulico provincial, una problemática que quedó en evidencia tras las inundaciones históricas registradas durante 2025.
Tecnología satelital para detectar obras ilegales
El nuevo sistema fue desarrollado en conjunto entre la Autoridad del Agua y la Dirección Provincial de Hidráulica, con el objetivo de modernizar los mecanismos de control.
Entre las principales innovaciones, se destaca el uso de imágenes satelitales de alta resolución provistas por la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que permiten identificar canales clandestinos y alteraciones en el uso del recurso hídrico.
Además, se firmó un convenio con la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires para intercambiar información y realizar fiscalización remota mediante imágenes Landsat y Sentinel, facilitando la detección de obras ilegales en campos y propiedades privadas.
Más poder para los municipios en el control hidráulico
El nuevo procedimiento también fortalece el rol de los municipios, que ahora podrán denunciar, intervenir y colaborar en la eliminación de obras clandestinas con respaldo técnico y judicial.
Hasta el momento, 26 municipios firmaron convenios de cooperación con la Autoridad del Agua, entre ellos Mercedes, Chascomús, Navarro, Bolívar, Trenque Lauquen, Lincoln, Bragado, Chivilcoy y Coronel Rosales. No obstante, la normativa tendrá alcance en los 135 distritos bonaerenses.
Esta articulación permitirá actuar con mayor rapidez ante denuncias y avanzar en la desactivación de obras que afecten el escurrimiento natural del agua.
Multas millonarias y obligación de desactivar las obras
La nueva normativa también endurece las sanciones. Las multas por obras clandestinas podrán oscilar entre el equivalente a 30.000 y 120.000 litros de gasoil grado 3, lo que representa valores aproximados de entre 57 millones y 288 millones de pesos, según el precio actual del combustible.
Además, los propietarios estarán obligados a eliminar las obras ilegales. En caso de incumplimiento, el Estado podrá ejecutar la desactivación con costos a cargo del responsable, además de aplicar nuevas sanciones.
Una respuesta a las inundaciones que afectaron a la Provincia
La iniciativa surge tras las graves inundaciones que afectaron al centro y noroeste bonaerense durante 2025, cuando lluvias extraordinarias anegaron miles de hectáreas productivas, destruyeron caminos rurales y afectaron la actividad agropecuaria.
Desde el gobierno provincial señalaron que el nuevo procedimiento permitirá prevenir situaciones similares, mejorar el control del sistema hídrico y garantizar el uso responsable del recurso.
Con la incorporación de tecnología satelital, mayor control territorial y sanciones más severas, la Provincia busca frenar las obras clandestinas y reducir el impacto de futuras inundaciones en el territorio bonaerense.
