Un comunicado difundido en las últimas horas daría cuenta de que la Provincia de Buenos Aires habría decidido dar de baja a la empresa CECAITRA del registro de proveedores del sistema de fotomultas, una medida que podría impactar en distintos distritos y que tendría uno de sus focos en el municipio de Pilar.
Según la información difundida, la decisión no sería aislada, sino que formaría parte de una revisión más amplia del sistema, en medio de presuntas irregularidades detectadas en la operatoria. En ese contexto, se menciona que el esquema vigente en algunos municipios habría incluido la participación de universidades y actores privados en la recaudación.
Uno de los casos que generaría mayor repercusión sería el de Pilar, donde el sistema de fotomultas habría funcionado con intervención de la Universidad de San Isidro como soporte técnico. Este modelo, según se advierte, habría permitido canalizar recursos a través de mecanismos que hoy están bajo análisis.
Siempre de acuerdo al comunicado, entre las inconsistencias detectadas aparecería la repetición de un mismo CBU en distintos formularios administrativos, lo que encendería alertas dentro de los organismos de control. En esos documentos figuraría la firma del intendente Federico Achával, lo que podría ubicarlo en el centro de la escena política.
Las presuntas irregularidades habrían sido analizadas por el Ministerio de Transporte bonaerense, encabezado por Martín Marinucci, desde donde no se descartaría avanzar con presentaciones judiciales si la Justicia no interviene de oficio.
En ese marco, la salida de CECAITRA sería interpretada como parte de un proceso más amplio de revisión del sistema. Sin embargo, el mismo comunicado señalaría que mecanismos similares continuarían operando en otras estructuras, lo que abriría interrogantes sobre la uniformidad de los controles.
En particular, se menciona la continuidad de actividades por parte de la firma Secutrans, vinculada —según esta versión— a un entramado donde también aparece el empresario Leandro Camani. Esta situación alimentaría cuestionamientos sobre un posible tratamiento desigual dentro del esquema.
El escenario, además, incluiría antecedentes de conflictos cruzados. La propia CECAITRA habría impulsado denuncias contra Camani en el pasado, mientras que la empresa también fue objeto de investigaciones judiciales vinculadas a su operatoria en el sistema de fotomultas.
Por último, el comunicado advierte que otras firmas del sector, como TNG Group S.A., también se encontrarían bajo análisis dentro del registro provincial, en un contexto donde el sistema de control vial comienza a ser revisado en profundidad y podría derivar en nuevas medidas en los próximos meses.
