El diputado nacional por la Democracia Cristiana, Juan Fernando Brügge, advirtió durante la sesión de ayer en el Congreso de la Nación que la actual Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia (DNU), “es inconstitucional”, y defendió su proyecto de modificación como “un avance hacia el restablecimiento de la certeza jurídica y el equilibrio de poderes”
En su intervención, Brügge sostuvo que “lo que hoy se discute es central para la institucionalidad argentina”, al remarcar que las normas vinculadas al funcionamiento de los DNU forman parte de “la arquitectura constitucional” y, por tanto, merecen un debate profundo. “La reforma de 1994 vino a cerrar una vieja discusión doctrinaria y jurisprudencial vinculada a los decretos de necesidad y urgencia. Sin embargo, la praxis constitucional demostró que su uso se volvió habitual en todos los gobiernos, generando una legislación paralela al trabajo del Congreso”, señaló el legislador cordobés.
Brügge recordó que la ley 26.122, sancionada en 2006 para reglamentar el procedimiento de control de los decretos, “permitió que éstos tuvieran vigencia sine die, sin límite temporal, y sin un trabajo serio de interpretación jurisprudencial”. En ese sentido, criticó que “el Poder Ejecutivo siempre encontró un atajo frente a la prohibición constitucional de dictar normas legislativas”.
“Estamos frente a situaciones de excepción, y las situaciones de excepción tienen temporalidad”, subrayó el diputado. “El artículo 99 inciso 3 de la Constitución, como el artículo 76, establecen que estos mecanismos deben tener control legislativo y duración limitada. Esa lógica no quedó reflejada en la ley vigente, que solo cumple formalmente lo que manda la Constitución”, explicó.
El referente de la Democracia Cristiana citó a reconocidos juristas para respaldar su posición. Recordó que “la inmensa mayoría de los constitucionalistas coinciden en que la ley 26.122 es inconstitucional”, y mencionó a Benvenuti, quien advirtió que “la regla se había invertido”, permitiendo que el Poder Ejecutivo “incursionara en facultades propias del Congreso”.
Brügge ejemplificó el abuso del instrumento mencionando un decreto que “solo cambió el nombre de un ministerio”, hecho que, según dijo, “carecía de toda necesidad y urgencia”. “La Corte Suprema, en un voto memorable del ministro Maqueda, señaló que la necesidad y urgencia debe surgir de la realidad, no de la conveniencia política del Ejecutivo de turno”, recordó el legislador.
En defensa del proyecto que impulsa junto al constitucionalista Pablo Manili, Brügge sostuvo que la propuesta “introduce criterios de temporalidad, validez y caducidad” para evitar que los decretos se mantengan vigentes indefinidamente. “Así como la delegación legislativa tiene un plazo determinado, con mayor razón los decretos de necesidad y urgencia deben tener una vigencia acotada. No podemos admitir que la excepción se transforme en regla”, enfatizó.
El diputado también citó al constitucionalista Néstor Sagüés, quien advertía que “si falta el consenso explícito de una de las Cámaras, no hay acuerdo del Congreso”. Para Brügge, esta interpretación “ratifica que el espíritu constitucional exige la convalidación expresa y no el silencio parlamentario”.
En el cierre de su exposición, mencionó a la jurista Cayuso, quien sostuvo que “sin pronunciamiento expreso del Congreso, los decretos pierden validez y son nulos de nulidad absoluta”.
“Estamos trabajando en una ley de contenido constitucional, en consonancia con el espíritu del constituyente de 1994. No conspiramos contra nadie; por el contrario, buscamos restablecer la arquitectura institucional de la República”, concluyó Brügge ante el aplauso de varios de sus pares.
Con tono sereno pero firme, el diputado remarcó que las leyes “se sancionan cuando hay consenso”, y celebró que “ese consenso hoy esté permitiendo avanzar en la reconstrucción de un sistema de controles que garantice la legalidad, la división de poderes y la seguridad jurídica que la Constitución promete a todos los argentinos”.
