En el marco del debate que dio media sanción a la Ley de Emergencia en Discapacidad, el diputado nacional de la Democracia Cristiana, Juan Fernando Brügge, repudió con dureza el fallo del juez Alfredo Recondo que rechazó el pedido de la familia de Ian Moche para que el presidente Javier Milei retirara un posteo en la red X contra el niño, diagnosticado con autismo
Brügge —único diputado en funciones que además es abogado constitucionalista— salió en defensa de la familia Moche y del colectivo de discapacidad. “El grave error del fallo y de Milei es que el Presidente dice que este chico es un militante ‘cuca’. Eso implica agregar a una base de datos pública como Twitter una supuesta filiación política, que puede o no ser cierta. Y si Ian dice que él no se identifica como ‘cuca’, corresponde que se rectifiquen los datos publicados porque no son ciertos y constituyen datos sensibles de su idea política o partidaria”, planteó.
El legislador cordobés fue categórico: “No importa la libertad de expresión ni ninguna otra cuestión. En relación a la publicación de datos sensibles, se trata de un tema objetivo y a pedido del interesado debió suprimirse”.
En su exposición, Brügge recordó que el Estado argentino tiene el deber constitucional de cumplir de manera efectiva con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que tiene jerarquía constitucional por el artículo 75 inciso 22. “Estamos frente a un tema sensible de la sociedad argentina, pero también frente al cumplimiento de un deber constitucional”, subrayó.
Apuntando contra el rol del Presidente, Brügge expresó: “Nos parece poco serio y hasta denigrante que se haya maltratado públicamente a un niño por pensar diferente. Esto viola claramente el artículo 7 de la Convención, que garantiza que todos los niños con discapacidad puedan expresar sus opiniones libremente y que estas sean debidamente consideradas”.
El diputado repasó además los artículos de la Convención que obligan al Estado a combatir estereotipos y prejuicios que alimentan la discriminación, y denunció que la falta de asistencia y rehabilitación provoca “daños irreparables en los niños, niñas, adolescentes y personas mayores con discapacidad”.
También reclamó la realización de un censo específico de personas con discapacidad, advirtiendo que la ausencia de datos impide diseñar políticas públicas eficaces.
Finalmente, Brügge defendió la ley aprobada en Diputados: “Busca garantizar la continuidad de los servicios esenciales para las personas con discapacidad, fortalecer al Estado como garante de sus derechos y aportar sustentabilidad al sistema sin impacto significativo en el presupuesto nacional”.
Concluyó con un mensaje cargado de humanidad: “Hablamos de derechos. Hablamos de urgencias. Hablamos de niños y niñas que deben ser escuchados, valorados y respetados. Los reclamos de las asociaciones, las familias y los propios niños son voces de la conciencia social. El respeto a la dignidad humana no admite demoras ni excusas”.
