El especialista en seguridad pública y geopolítica, Ricardo Ferrer Picado , dijo que los internos conservan acceso virtual que permite ciberestafas, extorsiones y coordinación criminal, con impacto directo en la seguridad pública bonaerense.
La criminalidad digital que opera desde las cárceles bonaerenses se transformó en un fenómeno que, según especialistas, continúa expandiéndose aun cuando la pandemia ya quedó atrás.
El diagnóstico es contundente: los detenidos mantienen un nivel de acceso virtual que les permite coordinar delitos desde el encierro, afectando a la ciudadanía en toda la Argentina.
El especialista en seguridad pública y geopolítica Ricardo Ferrer Picado advirtió que lo que comenzó como una medida excepcional durante la emergencia sanitaria terminó consolidándose como un privilegio permanente.
“La pandemia terminó, pero otra patología continúa y ya tiene a toda la sociedad como huésped: los presos bonaerenses tienen libertad de acción en redes y entornos virtuales para consumar delitos de todo tipo”, afirmó.
Según explicó, durante la pandemia se habilitaron comunicaciones virtuales para suplir la falta de visitas. Esa decisión -tomada por sectores del Poder Judicial y sostenida por presión política- nunca fue revertida, a pesar de que en el sistema federal sería “inconcebible”.
“Lo que debía ser excepcional se transformó en un sistema de privilegios adquiridos. No favorece la reinserción: mantiene a los detenidos conectados con los mismos entornos delictivos que los llevaron al sistema penitenciario”, señaló.
La Provincia de Buenos Aires, que concentra la mayor cantidad de unidades penitenciarias y detenidos del país, se convirtió -según Ferrer Picado- en un territorio donde las organizaciones criminales encuentran condiciones favorables para operar desde prisión.
“Cuando una banda tiene detenidos en cárceles bonaerenses, lo festeja. Dicen que ahí ‘está tranquilo para delinquir’”, sostuvo.
El especialista enumeró los delitos que se coordinan desde las unidades penitenciarias: ciberestafas, operaciones con criptomonedas, engaños por WhatsApp, llamados extorsivos y fraudes que afectan especialmente a adultos mayores, víctimas de mensajes o llamados desesperantes de supuestos familiares.
El reciente caso del guardia de Olivos, investigado por vínculos con estructuras criminales manejadas desde prisión, debería -según Ferrer Picado- “interpelar al sistema penitenciario bonaerense”.
“La Provincia debe rectificar su sistema. No puede seguir siendo parte del problema. Hoy irradia inseguridad con organizaciones que generan víctimas todos los días y que operan con la potencia de las comunicaciones digitales”, afirmó.
También cuestionó la falta de reacción institucional: “Me pregunto qué hace que ningún juez, fiscal o el propio ministro ponga fin a esta promoción de la criminalidad que sufrimos en las calles. Los ciudadanos no queremos replegarnos del espacio público ni seguir agravando nuestra situación”.
Ferrer Picado concluyó con un mensaje directo: “desde las cárceles se maneja el delito en nuestras calles. Es responsabilidad del gobierno provincial intervenir. Basta de privilegios para quienes deben cumplir condena”.
