Un nuevo episodio de violencia protagonizado por un perro pitbull contra un menor de edad en la ciudad de Córdoba volvió a encender la alarma en la comunidad, y reactivó el reclamo urgente de una ley nacional que regule estrictamente la tenencia de perros potencialmente peligrosos.
El ataque ocurrió en barrio Los Boulevares —al norte de la capital provincial—, cuando el niño jugaba en la calle. Según relataron vecinos, el animal, que pertenecería a un vecino del barrio, lo mordió en la cabeza, los brazos y una pierna. El menor fue trasladado de urgencia al Hospital Pediátrico; actualmente permanece fuera de peligro, aunque con heridas profundas que generaron conmoción y preocupación.
La violencia del ataque volvió a poner en primera plana la ausencia de una legislación nacional que responsabilice penalmente a dueños irresponsables. En ese contexto, el diputado nacional Juan Fernando Brügge —autor de un proyecto de ley que propone reformar el Código Penal para sancionar penalmente a propietarios de perros considerados de razas peligrosas cuando estos provoquen lesiones graves o muerte— renovó su pedido con firmeza.
“Modificar el Código Penal ya para salvar vidas ante los inescrupulosos e irresponsables tenedores de perros de razas dogos y pit bull. ¿Hasta cuándo hay que soportar esta situación? Los niños y niñas siguen en peligro en la vía pública”, afirmó Brügge tras conocer el ataque.
Según su propuesta, los dueños de estos animales podrían recibir penas de entre tres y seis años de prisión si el perro causa la muerte de una persona, y de uno a tres años en casos de lesiones graves. Además, el proyecto prevé la creación de un registro nacional obligatorio, identificación mediante microchip o chapa, seguro de responsabilidad civil, y la exigencia de bozal y correa en espacios públicos. También exige medidas de seguridad reforzadas en domicilios para evitar fugas o ataques en la vía pública.
Brügge advirtió que depender únicamente de ordenanzas o leyes provinciales genera un mosaico regulatorio fragmentado, muchas veces difícil de controlar y con sanciones poco disuasorias. “La falta de una norma homogénea explica la repetición constante de ataques en distintos puntos del país —advirtió—. Sin un marco nacional claro, las tragedias continuarán.”
Por eso, el diputado urgió al Congreso a incluir su proyecto en el temario de comisiones, convocar a especialistas y avanzar cuanto antes hacia la aprobación de una ley. “Es una obligación moral y social antes de que haya más víctimas”, sostuvo.
El dramático episodio vivido en Córdoba —y las heridas sufridas por un niño que jugaba inocentemente en la vía pública— muestran que los riesgos no son hipotéticos. En un país donde los casos se repiten con frecuencia, muchas veces con consecuencias fatales, la pregunta ya no es si debe haber una ley, sino por qué aún no existe.
